La diputada del BNG en el área de sanidad, Iria Carreira, ha aludido a medidas como la reconversión de plazas vacantes en la categoría de facultativo especialista de AP (FEAP), que obliga a realizar un mínimo de dos guardias al mes en los puntos de atención continuada (PAC)
CIG, CC.OO., UGT y CSIF exigen la "retirada inmediata" de las medidas presentadas en la mesa sectorial y la eliminación de la categoría FEAP
La institución del Valedor do Pobo registró un nuevo incremento en el número de reclamaciones en 2024, reflejando la creciente preocupación social por los servicios públicos en Galicia. Según el informe anual presentado por María Dolores Fernández Galiño, un total de 16.562 expedientes fueron tramitados, consolidando la confianza de la ciudadanía gallega en esta figura de control público.
"A partir del 1 de diciembre de 2025, este refuerzo estará operativo tres días por semana y luego se incrementará progresivamente", informa el comité de huelga.
El sindicato de médicos O'Mega amplía hasta en cuatro días extras la jornada de paro lanzada por otras tres centrales para el día 26. Los huelguistas recaban el apoyo de todos los colegios médicos. Presionada, la Administración llama a dialogar indicando ahora que su plan está abierto a cambios.
Cientos de profesionales inmigrantes en Galicia ven sus carreras bloqueadas por un atasco burocrático de años en el Ministerio de Universidades. El atasco es tal que incluso hay mafias que se dedican a vender turnos para poder consultar la situación de los expedientes. Muchos de los afectados son sanitarios, que pronto encontrarían trabajo en un sector de la salud que está hambriento de profesionales. El colectivo 'Homologación Justa Ya' lleva años denunciando la supuesta inacción del Gobierno y la pérdida de talento. Hablamos con su portavoz en Galicia, Anai Escontrela. "No pedimos homologaciones automáticas, sino procedimientos justos", clama.
Los técnicos superiores sanitarios (TSS) inician este martes su cuarta jornada de huelga después de la celebrada ayer y los paros de los días 30 y 31 de octubre. El efecto de las protestas, con un importante seguimiento en Galicia, ha provocado que miles de pruebas sufran retrasos o quede aplazadas. Juan Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (ATESSGA) y técnico superior sanitario en el CHUAC, explica a Galiciapress las consecuencias de esta huelga, las reivindicaciones del colectivo y la necesidad de que España cuente, de una vez por todas, con un grado universitario para la formación de este colectivo.
La totalidad de las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de Sanidade (CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT) han anunciado este lunes la convocatoria de una jornada de huelga para el próximo 26 de noviembre. El motivo es el rechazo frontal al nuevo modelo de reorganización propuesto por la Consellería de Sanidade, un plan que consideran un paso más en el "desmantelamento" del primer nivel asistencial.
La Xunta cifra en un 57% el seguimiento de los paros en el turno de mañana en la tercera jornada de protestas, coincidiendo con la gran concentración celebrada en Madrid este lunes de un colectivo que que no afloja en su presión al SERGAS y el Ministerio de Sanidad.
La Xunta destina una partida de 60.000 euros (20.000 euros por universidad) para la realización de actividades formativas y de divulgación.
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado que esperará a que termine la huelga de técnicos superiores sanitarios --que se desarrolló este jueves y viernes y seguirá el 3 y 4 de noviembre-- para hacer una "valoración total de lo que ha pasado" y "tomar las medidas necesarias" ante "retrasos posibles" en la realización de pruebas y entrega de diagnósticos.
Este colectivo de profesionales pide, entre otros, que se les reconozca como profesión titulada y regulada y la creación de un grado universitario.
El uso rutinario y generalizado del videolaringoscopio -un dispositivo con cámara que permite visualizar la vía aérea- minimiza los riesgos en la intubación traqueal y eleva la seguridad de los pacientes en quirófano.
Un vecino de Fisterra ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto responsable de seis incendios forestales registrados en el municipio, que arrasaron 46,59 hectáreas de una zona protegida por la Red Natura 2000 y catalogada como Lugar de Interés Comunitario “Costa da Morte”. Los fuegos, ocurridos entre julio y octubre, se produjeron en condiciones meteorológicas que favorecían su propagación, lo que elevó el riesgo para el entorno natural.
El “doctor Pablo Albores” lidera un “equipo de biotecnólogos en prestigiosos centros de Suiza y Andorra”, indicó una clínica del Barrio de Salamanca en 2022. En 2024 logró ejercer de urgencista en el Álvaro Cunqueiro. La Xunta pide disculpas, responsabiliza al Ministerio de Sanidad y asegura que no hubo reclamaciones. Algo que desmiente una viguesa a quien le dijo, según la paciente, que sus autolesiones solo eran para llamar la atención. También le preguntó si quería tener hijos.
El Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios convoca los paros para los días 30 y 31 de octubre y el 3 y el 4 de noviembre.
El comité de huelga se mantiene a la espera de que Gerencia responda a su contraoferta mientras recalcan la unidad que existe en el servicio, donde radiólogos fuera del turno de guardia firman un comunicado apoyando las reivindicaciones del comité de huelga.
Pablo Alborés Cabaniña, conocido en la esfera pública gallega por haber sido el primer director de la extinta Fundación Puerto de Vigo (FPV), un ente que en su día creó Corina Porro, ha sido condenado por la justicia tras confesar haberse hecho pasar por médico y haber ejercido en centros de salud públicos y privados. Además de ejercer en las urgencias del Cunqueiro, el SERGAS lo incluyó en las listas de Medicina Interna.
La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública acusa al conselleiro de situarse “fuera de la ley” por no remitir los resultados del programa al Ministerio de Sanidad y de “ocultar información” a las mujeres gallegas. El Sergas aún no ha respondido oficialmente a las críticas.
La controversia emerg por la decisión del Sergas de imponer guardias de 24 horas en Atención Primaria como vía para paliar el déficit de facultativos. SIMEGA denuncia un modelo que, lejos de atraer profesionales, podría precipitar el colapso del sistema, mientras la Xunta defiende la medida como transitoria y apela a la responsabilidad ante el aumento de jubilaciones.