Denuncia penal contra cargos de la Xunta y la Fundación San Rosendo por el coronavirus en una residencia de Ourense

Un familiar de un anciano de la residencia Nuestra Señora de la Esperanza de Ourense acusa de "homicidio por acción dolosa" no solo a la directora del centro, también al presidente de la Xunta, dos conselleiros y otros altos cargos. La residencia es el mayor foco de coronavirus en Galicia, con más de 130 contagiados, pese haber prohibido las visitas "una semana" antes de que fuese obligatorio. En declaraciones a Galiciapress, fuentes oficiales de la Fundación San Rosendo defienden y detallan su gestión.

Los denunciantes consideran que la directora  San Rosendo y los cargos públicos pudieron cometer un delito de “homicidio por omisión dolosa”, además de delitos de “deber de socorro” y “prevaricación administrativa”. 

Entre los señalados como presuntos responsables, se encuentran la responsable de Nuestra Señora de la Esperanza A.M.; el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; el secretario xeral técnico del SERGAS, Alberto Fuentes Losada; el gerente del SERGAS, Antonio Fernández-Campa; la conselleira de Política Social, Fabiola García; e incluso el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

ACUSACIONES

El denunciante registró sus acusaciones ante el juzgado de instrucción número dos de Ourense el jueves día 9 de abril. El escrito, al que tuvo acceso Galiciapress, está dirigido a la Fiscalía Xeral de Galicia. La denuncia argumenta que las accionesd el Gobierno gallego suponen “un ataque a la sanidad pública y al sistema sociosanitario de las residencias geriátricas y a sus respuestas ante la pandemia de la Covid-19".

El denunciante critica el supuesto “maltrato” al que fueron sometidas las personas mayores por las “negligencias” cometidas en las residencias de San Rosendo, junto con la “total opacidad y falta de información”, tanto a residentes como a sus familias. 

Sobre el caso concreto de la residencia de A Farixa indica que la Fundación San Rosendo no pidió ayuda "a sabiendas de las carencias de personal y material" del centro.

RESPUESTA DE LA FUNDACIÓN SAN ROSENDO

Fuentes oficiales de San Rosendo rechazan valorar el contenido concreto de esta  denuncia, a la espera de ver si el Fiscal la admite a trámite. Ahora bien, en declaraciones a Galiciapress defienden las medidas tomadas que, a diferencia de otros gestores de residencias, detallan.

La primera fue la "prohibición de visitas de familiares", medida que dicen aplicaron aproximadamente una semana antes del estado de alarma. 

San Rosendo indica que cumplió todas los protocolos dicatados por las autoridades tras estallar la crisis en Galicia. Entre ellas separar inmediatamente a los pacientes en cuatro grupos: positivos, contactos de positivos, sintomáticos y asintomáticos. También explica que informó a la Xunta de los medios disponibles (respiradores, etc.), separación por plantas, etc.

Con todo, San Rosendo admite que estas medidas resultaron insuficientes, entre otros factores porque estaban pensadas para una situación mucho menos grave de la que se estaba produciendo, sin que fuera detectada.

Su relato explica que el primer positivo en esta residencia fue el 21 de marzo. Dicen que no fue hasta el 2 y 3 de abril que la Xunta realizó análisis generalizados.  

DEMASIADO ATRASO EN LOS TEST GENERALIZADOS 

De ser ciertas estas fechas, la Xunta tardó 12 días en empezar a hacer test a todos los residentes, pese a ser personas muy vulnerables viviendo en un centro donde ya había 26  positivos confirmados. Una prueba más de la falta de test de coronavirus suficientes, de trágicas consecuencias.

Los resultados de estas pruebas generalizadas fueron demoledores. El  "4 y el 5 de abril" se comunicaron 103 nuevos positivos en usuarios y 34 entre los trabajadores. Incluso más de la mitad del grupo de ancianos sin síntomas dio positivo. El "32%" de los trabajadores también dio positivo, pese a ser todos "asintomáticos" hasta entonces.

San Rosendo relata que inmediatamente mandó a los "52" negativos a una residencia de discapacitados intelectuales, que está a unos cien metros, también cerca del recinto deportivo de Monterrei. A estas personas con discapacidad intelectual las mudó a balnearios, propiedad de la fundación ligada a la Iglesia Católica.

Todos los trabajadores positivos dejaron sus puestos y San Rosendo dice que organizó turnos de equipos estancos para combatir el virus. Los positivos se quedaron en Nuestra Señora de la Esperanza, todos en habitaciones individuales.

El resultado es que "no hay más positivos entre trabajadores", pero lamentablemente ya han fallecido 16 personas. Uno de los factores que explican la mortalidad elevada es que una parte de los residentes en A Farixa, además de mayores, son grandes dependientes.

¿Por qué golpeo tanto la pandemia a este centro pese al aislamiento frente a los familiares antes del estado de alarma?

San Rosendo rechaza especular sobre las causas. Otros centros de tamaño similar gestionados por él mismo ente no sufrieron  tales epidemias. Por ejemplo, la Residencia Os Gozos con unos 200 usuarios dónde sólo un trabajador dio positivo. 

Sobre la acusación de falta de comunicación a las familias, San Rosendo apunta a que hizo y está haciendo todos los esfuerzos posibles, tratando de informar directamente siempre a las familias antes que a los medios. Ahora bien, reconocen que la situación es dolorosa y compleja, por lo que dicen entender las protestas de algunos familiares, que creen muy minoritarias.

Galiciapress ha pedido a Política Social su valoración, sin recibir respuesta por ahora, pero la Administración está analizando la denuncia.

El denunciante acusa a la Xunta de "dejar totalmente abandonados a las residencias y centros de día a los que hay que sumar sumar la totalidad del personal sociosanitario sin los equipos de protección" y recuerda que "uno de cada 5 fallecidos en Galicia por COVID-19 está muriendo en una residencia geriátrica". 

MÁS DENUNCIAS PRESENTADAS

No es la primera denuncia penal al hilo de las crisis en las residencias. La Federación REDE presentó una en la Guardia Civil de Cangas por la Fiscalía por la “situación de abandono de los centros DomusVi”.

La propia Fiscalía General del Estado mandó a todas las fiscalías provinciales reunir datos sobre la situación en las residencias para, en su caso y llegado el momento, abrir investigaciones penales. A estas diligencias previas, la Fiscalía Xeral de Galicia mandó unir una denuncia sobre la "falta de medios" en las residencias gallegas, presentada por la Asociación Defensor del Paciente.

Según fuentes oficiales de la Fiscalía Xeral de Galicia consultadas por Galiciapress, por ahora los fiscales solo están recabando información, a la espera de que el frenazo de la crisis sanitaria permita, en su caso, estudiar causas penales. 

UNO DE CADA CINCO FALLECIDOS HA MUERTO EN UNA RESIDENCIA

En todo caso, teniendo en cuentl número de familias afectadas, resulta evidente que la crisis de las residencias gallegas acabará siendo debatida en alguna instancia judicial. Y es que de los 360 fallecidos hasta hoy, 79 murieron en residencias. 

Esas 79 personas fallecidas son el 21% de los muertos que nos deja el coronavirus en el país. Muertos que aún hoy, por cierto, siguen sin ser incluídos en el balance oficial de víctimas del Ministerio de Sanidad.