Involución democrática

Manoel Barbeitos
Economista

Feijoo rajoy delaserna


Todos los días tenemos evidencias de que la grand recesión económica, que vino a continuación de las crisis financiera (2008) y que, como hemos repetido en este y en otros medios, fue consecuencia de las políticas adoptadas luego de esta, no vino sola sino acompañada de una indiscutible pero creciente involución democrática de un régimen ya de por sí muy deficitario democráticamente. Un continuo retroceso tanto en derechos y libertades fundamentales como en el propio estado social y de derecho (Art. 1 de la Constitución Española).



Sí como señalaba las pruebas son continuas y diarias, también compre subrayar que tienen como epicentro el aparato del estado que, mientras tanto, no está solo, sino que cuenta con el apoyo de relevantes medios de comunicación y opinión así como de los grandes capitales ubicados mayormente en el llamado IBEX35 a quienes financian aquellos.



Una de las pruebas más significativas es la de que, al día de hoy, y cuando ya pasaron más de cuatro décadas de la muerte del cruel dictador, Francisco Franco, que tantos y tan terribles crímenes perpetró contra los pueblos de España, las resistencias a condenar la criminal dictadura franquista siguen siendo tales que la necesaria condena pública e institucional aún no se ha producido como había sido esperado y deseado. Lo mismo sucede con la restauración de la memoria histórica y los derechos de los miles y miles de ciudadanos españoles asesinados, torturados y/o perseguidos por la criminal dictadura y sus secuaces. Seguramente que España sea, junto con Camboya y Myanmar, el único estado del mundo en el que no se produjo tal condena. Son continuas, al tiempo que sangrantes, las pruebas como por caso que el actual Ministerio de Defensa (D. Cospedal) venga de subvencionar a una asociación de militares franquistas (!). ¿Qué decir de que decenas de herederos del dictador mantengan títulos nobiliarios que en su día habían sido concedidos por el mismo? ¿Cómo explicar que aún sigan perdidos por las cunetas y otros lugares los cadáveres sin identificar de miles y miles de ciudadanos demócratas cruelmente asesinados por los secuaces de la dictadura? ¿Por qué a lo largo del territorio español aún se mantienen en pie incontables monumentos que exaltan a misma? Y así me los podría seguir para oprobio de la democracia española y burla de la mayoría de los ciudadanos ¿Cabe pensar, por caso, que el actual gobierno alemán (que es de derechas) había financiado a una asociación de militares nazis? ¿O que el gobierno italiano hubiera mantenido los títulos nobiliarios de familiares de Mussolini? ¿O que Alemania e Italia se hubieran olvidado de las víctimas del nazismo alemán y el fascismo italiano?



No menos significativa resulta la persistencia de un sistema judicial donde las fuerzas conservadoras y retrógradas, en realidad franquistas, son mayoría. Por una parte, y de manera muy destacada, la Fiscalía General, cuyo titular es nombrado por el gobierno de turno (“el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, la propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial” Art. 124 de la C.Y.), se muestra en la práctica como el brazo armado judicial del partido que gobierna (PP) actuando casi exclusivamente a su mandato y en su interés partidario –he ahí, por caso, las formas y el fondo de la dura persecución a que tiene sometidos a los políticos independentistas catalanes en el que no es más que una clara prueba de esa subordinación al poder político que contrasta con su benevolente actuación con los responsables de la corrupción política-. Al mismo tiempo tanto el Tribunal Supremo –cuyos miembros son elegidos por el Consejo General del Poder Judicial quienes a su vez son elegidos por el Congreso y el Senado ( Art. 122 de la Constitución Española) por lo que, como demuestran los hechos, no pasa de ser un reflejo de la composición política partidaria de las Cámaras-, como el Tribunal Constitucional –con un sistema de elecciones de sus miembros muy parecido al del Tribunal Supremo- dan excesivas pruebas en sus decisiones de estar al servicio del bipartidismo sistémico (PP y PSOE), como por caso podemos ver en su actuación de cara a las víctimas del franquismo, en su oposición a cualquier reforma constitucional por muy tímida que sea, en su antagonismo beligerante con las fuerzas políticas antisistémicas que reclaman una reforma del estado, etc.



Lo mismo sucede con otras instancias judiciales menores quien emite continuos fallos judiciales que hieren cualquier mínima conciencia democrática por el desigual trato que reciben las diferentes familias políticas y sociales, los mismos ciudadanos según su nivel de riqueza. Así, por caso, vemos que mientras actos delictivos y antidemocráticos de grupos franquistas –como ataques violentos la organizaciones y dirigentes políticas demócratas- reciben un trato judicial benevolente al tiempo se da las costas de las víctimas del terror franquista procediendo, por caso, al archivo judicial de la mayoría de las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura o si procede la apertura de expedientes con fuertes sanciones por faltas menores, llegando incluso a perseguir, bajo el paraguas de leyes regresivas como la “ley mordaza”, las artísticas y las actividades culturales y lúdicas por sus expresiones y manifestaciones críticas con los poder y la orden establecidos. Actuaciones y medidas que, demasiadas veces, recuerdan los tristemente célebres TOP del franquismo. Que diferencia, por caso, entre la judicatura española y la de la mayoría de las democracias europeas consolidadas: “las veces tengo la amarga sensación, como juez, de que las leyes son telas de arañas que cogen las pobres moscas y dejan pasar las avispas y los abejorros” (Joaquim Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia). “Hay una verdadera voluntad política de NO arreglar los problemas de la justicia, algo intencionado” (J. B.). Entre las numerosas pruebas de esta dependencia política de la justicia española están, por caso, los frecuentes casos de cambio de jueces que tratan de investigar los crímenes franquistas o la corrupción del Partido Popular (PP) quienes finalizan siendo sustituidos por otros que, inmediatamente, proceden al archivo de las denuncias y los expedientes.



Una regresión democrática que también se refleja en el tratamiento ya no solo judicial sino también político, mediatice e incluso ciudadano a temas tan graves para la democracia como la susodicha corrupción. Aunque en los últimos días estamos asistiendo a una destacable ofensiva judicial contra la corrupción sistémica, como reflejan las investigaciones sobre el PP de Valencia y Madrid –auténticas tramas de corrupción con políticos y empresarios carentes del más mínimo escrúpulo democrático-, la extensión y hondura de la trama de corrupción y malversación de fondos públicos orquestada por el Partido Popular (PP) en toda España –como la antigua Convergencia (CiU) en Catalunya- había debido ser suficiente para que los poderes judiciales ilegalizasen a tales partidos (PP y CiU), al tiempo que los ciudadanos habían mostrado su clara repulsa, como por caso pasó en Italia cuando el proceso llamado Tangentópolis. Algo que no sucede ni sucederá. ¿Cómo explicar, por caso, que un partido que se alimenta de la corrupción, como el Partido Popular, pueda seguir siendo el partido mas votado de España, ya no digamos de Galicia? ¿Cómo explicar los resultados electorales de CiU ahora JxSi?


Regresión democrática que, utilizando cómo arma tanto la propia Constitución Española como las políticas de duro ajuste fiscal y aprovechando el impacto político y mediatización de la crisis catalana, el gobierno actual (PP) con el apoyo de los otros partidos sistémicos (PSOE y Cs) extiende al estado de las autonomías y la propia autonomía de las entidades locales. La brutal aplicación por el gobierno español (PP) del artículo 155 a Generalitat de Catalunya, para lo cual contó con el apoyo del PSOE y Cs, supuso la práctica desaparición de la autonomía catalán al tiempo que un “aviso a navegantes” –muy especialmente a los nacionalistas vascos- de que el deficitario estado español de las autonomías está ahora en el foco de los partidos sistémicos y las fuerzas sociales que los apoyan. Una aplicación que, en el plano ideológico, vino acompañada de un fortísimo despliegue mediatice, en la defensa y enaltecimiento del españolismo más rancio y retrógrado cómo prueba aquello de “la por ellos”: España, una grande y libre. Actuaciones que, para mayor enjundia, contaron con el decidido y muy visible apoyo de destacados líderes regionales del PSOE, antaño partido federalista. Antes de la aplicación del artículo 155, ya el Ministerio de Hacienda apoyándose en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera había obligado las Comunidades Autónomas y aplicar el criterio de techo del gasto pero de una manera más rígida y dura que la propia Administración Central. Ataque directo al estado de las autonomías que continuó con la ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administraciones Local ( LRSAL) –también llamada Ley Montoro- que supuso tanto un recorte competencial sin precedentes de los ayuntamientos que afecta negativamente a los servicios como un ataque a autonomía municipal, en definitiva al sistema democrático. Para más enjundia el gobierno español (PP), con el beneplácito del Ministerio de Hacienda ( C. Montoro), utiliza ambas leyes de una manera absolutamente arbitraria y partidista como prueba de la distinta vara de medir según se traten de administraciones gobernados por el Partido Popular o por los partidos emergentes: he ahí el caso de Madrid y el distinto comportamiento del Ministerio de Hacienda según se trate de la Comunidad (PP) o el Ayuntamiento (Ahora Madrid) a pesar de presentar este una mejor gestión de los recursos públicos.



Y así podríamos seguir relatando los repetidos y numerosos hechos políticos que ponen en evidencia como en España, por lo tanto en Galicia, estamos inmersos en una profunda y muy preocupante involución democrática. Una regresión democrática en la que, si no sorprende el apoyo de la Jefatura del Estado, sí sorprende que un partido de indiscutible tradición democrática como el PSOE tenga su cuota de responsabilidad y no pequeña. Una coyuntura que se ve favorecida por que, a pesar de la corrupción, sigue gobernando –como partido mayoritario- el Partido Popular (PP), el partido más corrupto de Europa. Un partido que, repito una vez más, en una democracia consolidada estaría disuelto por mandato judicial y repulsa social.

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