Rueda “pasa” del Gobierno y prepara una ley para ordenar el litoral porque asegura tener "capacidad de gestión"

La negativa del Gobierno de España a transferir las competencias del litoral no ha frenado al Ejecutivo de Alfonso Rueda, que inicia los trámites para impulsar una ley de ordenación del litoral.

El texto se encuentra todavía en sus pasos iniciales, por lo que no se descarta que, en el tiempo en el que sigue su proceso, puedan transferirse las competencias de forma bilateral.

Los empresarias apoyan el movimiento de Rueda, que tras el dictamen del Consello Consultivo, se siente con confianza como para lanzar este desafío al Gobierno central, como anunió en junio a este medio.

En todos los años de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo Galicia no vio aumentar sus competencias en ninguna de las áreas en las que la capacidad de decisión recae sobre el Gobierno central. Desde la llegada de Alfonso Rueda al despacho principal de San Caetano, allá por el mes de mayo, el principal caballo de batalla del nuevo presidente de la Xunta parece ser corregir esa anomalía de más de una década, por lo que se ha propuesto hacerse con el dominio público marítimo-terrestre para su gestión desde Galicia.

DESAFÍO A MONCLOA

Así las cosas, Rueda ha anunciado esta mañana, después de la celebración del Consello da Xunta, que el gobierno autonómico inicia el proceso para impulsar una ley de ordenación del litoral con el que conceder más margen a las empresas gallegas de la costa y, de paso, sortear el embrollo por la no transferencia de las competencias.

Unas competencias que, en cualquier caso, Rueda sostiene que Galicia ya tiene por el Estatuto, si bien desde Moncloa alegaron en su día que, para obtenerlas, primero debería modificar el propio Estatuto, sugerencia que se encontró con la negativa frontal del Gobierno de Galicia. En este sentido, desde la Xunta afirman que tienen capacidad de gestión y que así lo apoya un dictamen del Consello Consultivo.

Desde San Caetano no ven razones mara modificar el marco estatutario, pero la realidad es que este movimiento es todo un desafió a Sánchez y al Gobierno de España, que podría suspender la ley por vía del Constitucional una vez la apruebe el Parlamento de Galicia. De cualquier manera, el texto entra un periodo de consulta pública de un mes. Más tarde se someterá a la aprobación del Consello de la Xunta, que le dará salida como anteproyecto de ley, para luego iniciar su recorrido en el parlamento. Rueda no descarta que, en este tiempo, se pueda llegar a un acuerdo para un traspaso bilateral de las competencias. 

CAMBIO CLIMÁTICO Y VIABILIDAD

El proyecto en el que se ha embarcado Rueda está muy relacionado no solo con la intención de dar respuesta a “proyectos estratégicos” ligados a nuestro litoral y definir el territorio sobre el que Galicia “tiene competencia” para identificar los usos que puede albergar y las actividades estratégicas a desarrollar en ellos, sino también con el impacto del cambio climático sobre nuestra geografía. 

Rueda argumenta que las decisiones del Gobierno de España se discuten, no así “los objetivos del cambio climático”. “Damos un paso adelante al abrigo de las competencias que tenemos”, destaca el mandatorio popular. 

Otro objetivo de este “texto útil”, como lo definió, es regular un procedimiento integrado para el ejercicio de actividades en la franja litoral que permita obtener en un único trámite los diferentes permisos o autorizaciones precisas.

“No es admisible que se nos diga que no tenemos ningún derecho a tener ninguna opinión para mejorar el litoral”, reprocha Rueda sobre una propuesta que no busca “conflictividad jurídica”, sino “seguridad jurídica” y sobre la que su gobierno tenía “el deber” de adoptar porque estaban “obligados a reaccionar”. 

APOYO DE TODO EL SECTOR

Por otra banda, y al margen de la apertura del periodo de consulta pública, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda abrirá una ronda de contactos con todos los sectores afectados por la regulación costera para tratar de buscar el “máximo consenso” alrededor de la futura normativa. No parece una tarea difícil, porque esta misma mañana, Juan Vieites, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), ha mostrado su satisfacción ante esta iniciativa, que considera “justa”.

El sector mar-industria de Galicia ha recibido la noticia con alegría después de mantener un encuentro con el grupo del PPdeG, que considera que las soluciones al sector llegarán de manera “más rápida y eficaz” con esta ley. 

Vieites considera que Galicia se juega mucho con las competencias del litoral, ya que de ello depende la viabilidad de muchas empresas, que podrían verse cercenadas por la legislación vigente en lo relativo a las leyes de cambio climático y de costas. "Se han ido dando pasos en la dirección contraria a lo que el sector quiere de seguridad jurídica para desarrollar sus actividades en las instalaciones", lamentan.

“Se prima lo paisajístico con respecto a las actividades productivas”, considera, mientras pide el apoyo del resto de grupos que componen la Cámara gallega. El BNG ya expresó su deseo de que el Gobierno de España transfiera esas competencias; el PSdeG dijo que estarían del lado de “los intereses de Galicia”. 

UNA BATALLA QUE VIENE DE LEJOS

Cabe recordar que la postura de la Xunta en este sentido no es nueva. El pasado mes de junio, cuando la Xunta inició la “campaña” para solicitar la transferencia de las competencias, Galiciapress cuestionó a Rueda sobre la posibilidad de modificar el Estatuto, algo que el presidente rechazó de pleno e indicó que el verdadero motivo para no transferirlas era “falta de voluntad política”. 

Roberto Luis Blanco, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, apoyó esa misma tesis durante una conversación con este medio en donde criticaba las “políticas restrictivas” del MITECO.