PSOE y PP deben casi 75 millones entre los dos a las entidades bancarias, sobre todo a BBVA y a Santander.
Los recursos de clientes crecen en 10.981 millones, hasta los 369.463 millones, un 3,1% más a cierre del primer trimestre, por la buena evolución de la actividad comercial y la recuperación de los mercados.
Galicia tiene muchas papeletas de ser una de las autonomías más afectadas, ya que el Santander acaba de heredar docenas de sucursales del Banco Popular, filial en su día del Popular.
Gortázar ha destacado que mientras otros bancos han abandonado los pueblos, CaixaBank tiene intención de potenciar este área, en el que tiene más de cien oficinas que otorgan una gran rentabilidad económica.
La izquierda olvida que en España el poder de las élites económicas y financieras es enorme, sin paragón prácticamente en toda Europa occidental, condicionando en todo momento las decisiones políticas que terminan siempre, o casi siempre, favoreciendo a estas élites
'Stop Deshaucios' ha convocado para este lunes concentraciones delante de los juzgados de Galicia para presionar al Tribunal Supremo, que debe decidir si las entidades bancarias deben abonar el impuesto sobre las hipotecas.
El aumento se debe a la aportación del banco portugués BPI, la fortaleza de los ingresos, la reducción de las dotaciones y la contención de costes.
El acuerdo adoptado por la comisión es que los gastos se repartan entre bancos y consumidores, una postura defendida por PP, PSOE y Ciudadanos, frente al criterio de Unidos Podemos.
Argumenta que se trata de un "giro radical" en la jurisprudencia y que tiene "enorme repercusión económica y social".
La entidad tiene más de 650.000 clientes en España, donde lleva instalado más de 125 años.
Álvaro Santos señala que las cláusulas están relacionadas con las reclamaciones de preferentes o la presencia de oficinas en la provincia.
La proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas registradas en los órganos judiciales.
Pide que Santander dé autonomía a la delegación territorial del banco acorde con la relevancia que va a tener en la comunidad.
Las entidades manejan una cifra de provisiones "ligeramente" superior para afrontar el impacto de la sentencia del Supremo.
Antes de la crisis había 815 oficinas más, un recorte que afecta sobre todo a los núcleos de población del rural.
Hasta el momento, la Xunta solo ha instalado a 72 familias en viviendas cedidas por las entidades financieras.
Alguna entidad ya adelantó el procedimiento que les concede tres meses desde la recepción de la queja para llegar a un acuerdo con el consumidor y evitar la vía judicial.
Tiene que ser el consumidor el que tome la iniciativa para iniciar el proceso, un mecanismo que no anula la vía judicial.
La asociación de consumidores Adicae afirma que alguna entidad continúa aplicando estas práctivas abusivas.
Villares ha indicado que "es perjudicial" para los afectados porque "es el banco quien califica si las cláusulas son abusivas o no".