El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica una orden que ratifica la anulación del nombramiento en Galicia de casi medio centenar de catedráticos de Música y Artes Escénicas, en las especialidades vinculadas a las enseñanzas superiores de música.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha dictado una providencia por la que acuerda el aplazamiento de la votación sobre la legalidad de la prórroga de la concesión de los terrenos que ocupa la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra.
¡Mayor bochorno imposible!. El Comité de Derechos Humanos de la ONU venía así a confirmar lo que era una sospecha muy extendida: que el juez Garzón había sido objeto de una venganza en la que el Tribunal Supremo ejerció de ejecutor y los partidos mayoritarios (PSOE, PP), implicados en los casos por él investigados ( GAL, GURTEL ....), ejercieron de puntas de lanza junto a no pocos magistrados y periodistas enemistados con el polémico juez.Este nuevo cuestionamento del poder judicial español, en realidad se trata de una acusación de prevaricación, confirma el carácter sistémico de un problema que afecta a una de las bases del estado poniendo continuamente en riesgo a legitimidad democrática del mismo.
Una sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica de esta forma lo establecido en la Audiencia Nacional en la que se condenaba a una empresa a devolver al Estado los ERTE cobrados por sus empleados, genera así jurisprudencia en un momento en el que estos expedientes son un recurso tan solicitado.
Los jueces revocan la concesión del tercer grado concedida por la administración de prisiones de la Generalitat. La temperatura política en Catalunya ascenderá sin duda. Por ahora, los reclusos ya han acusado al Estado de buscar la venganza. La Generalitat pide la amnistía.
Políticos que se sienten gratificados por que el Tribunal Supremo condena a su partido (PP) "exclusivamente" por lucrarse de las operaciones de la trama Gurtel, en una investigación que sigue en curso, por lo que puede dar paso a nuevos procesos y nuevas condenas individuales y colectivas.
De nuevo Cataluña puede convulsionar la política española en un momento de fuerte crisis. La presidencia temporal de la Generalitat queda en manos de ERC, siempre que Torra acate la sentencia, claro; lo que debería conducir a la convocatoria de las elecciones catalanas en breve.
La Fiscalía del Tribunal Supremo inicia una investigación para tratar de esclarecer cuál fue el destino de los 80 millones de euros con los que supuestamente se pudo lucrar Juan Carlos por la adjudicación del AVE a La Meda a empresas españolas en 2011, según la denuncia de Corinna Larsen.
Para el sindicato representa una “denegación arbitraria” que atenta contra el derecho a la manifestación para el 1 de mayo, a pesar de que el propio ministro del Interior sí dio el visto bueno para que el sábado se celebrasen las ‘Caravanas por la libertad’ de VOX.
Xavier Muro, secretario general del Parlament, ha ordenado poner en marcha los mecanismos para que los servicios jurídicos de la Cámara puedan hacer efectiva la pérdida de condición de diputado al que hasta ahora venía siendo el presidente del Gobierno autonómico, Quim Torra.
La institución solicita a su vez que el tribunal pida la suspensión de la inmunidad del líder de ERC al Parlamento Europeo.
Mire, Doña Ada, como no le deseo ningún mal, le sugiero que se retracte y pida disculpas, porque me puedo imaginar la que me caería a mí como periodista o a cualquier otro ciudadano si insinuase que el Tribunal Supremo ha prevaricado.
La Generalitat era un ejecutivo demócrata, el Gobierno español un ejecutivo no demócrata. La lucha por la independencia pasó a ser una nueva versión de la lucha antifranquista. ¡Alucinante!
Los servicios Penitenciarios de la Generalitat no tendrán obstáculo a la hora de decidir en qué régimen penitenciario se cumplen las nueve condenas del procés desde el minuto cero.
La ‘proclama’ de Torra es una actitud irresponsable para un gobernante. ¿Quién controla que los manifestantes sean pacíficos? Tal y como se han calentado los ánimos nadie puede asegurar que eso sea así.
El Tribunal Supremo avala por unanimidad la decisión de Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El ejecutivo deja claro que intentará hacer el traslado de manera inminente, antes de la campaña de las elecciones generales.
Los cinco miembros de ‘La Manada’, condenados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación, “buscaron expresamente la situación sin que la víctima tuviera conocimiento alguno”, afirma el Tribunal.