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​La Xunta indica que inspeccionó las residencias de personas mayores de DomusVi a raíz de las quejas


La Consellería de Política Social informa a Galiciapress que DomusVi está sometida a inspecciones periódicas por parte de los servicios sociales y que estás pueden deberse a motivos "puramente comunes" o a "quejas que se recibieron, ya sean quejas o denuncias que se remiten directamente a la inspección o las que se presentan en el libro de reclamaciones del propio centro". Sindicatos llevan meses denunciando falta de personal y condiciones exclavistas mientras algunos familiares alertan de la pérdida de calidad en la atención a los residentes.


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La Consellería de Política Social informa a Galiciapress que DomusVi está sometida a inspecciones periódicas por parte de los servicios sociales y que estás pueden deberse a motivos "puramente comunes" o a "quejas que se recibieron, ya sean quejas o denuncias que se remiten directamente a la inspección o las que se presentan en el libro de reclamaciones del propio centro". Sindicatos llevan meses denunciando falta de personal y condiciones exclavistas mientras algunos familiares alertan de la pérdida de calidad en la atención a los residentes.


Fabiola garcia

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en una visita a una residencia | Foto: xunta.gal


INSPECCIONES DE SERVICIOS SOCIALES

Desde DomusVi, en conversación con este medio, recalcaron que todas las inspecciones realizadas por la Xunta con motivo de las quejas interpuestas por residentes o familiares de los residentes fueron superadas con éxito. Sin embargo, desde Política Social no ofrecieron cifras concretas del número de inspecciones a las que fue sometida la compañía en el pasado ejercicio ni tampoco si estas fueron superadas de forma positiva, pese a que Galiciapress solicitó estas cifras en concreto.


No obstante, desde la Consellería insisten en que Política Social "investiga el 100% de las quejas y denuncias que se reciben y que afectan a los distintos centros de servicios sociales de Galicia" y que siempre se hace estas investigaciones "a través de la inspección de servicios sociales". "Si en la inspección se detentan deficiencias en el funcionamiento del centro, se realiza un requerimiento para su enmienda. Además, se contesta a la persona denunciante informando de las gestiones realizadas", agrega.


INSPECCIONES COMUNES Y QUEJAS

Si bien DomusVi es uno de los mayores operadores y sus centros cuentan con plazas públicas y privadas, desde Política Social advierten que con DomusVi "se actúa de igual manera que en los  demás centros de la comunidad". "Las residencias de este grupo reciben visitas de inspección periódicas por parte de la inspección. Hay algunas que son puramente comunes y otras que se realizan con motivo de las quejas que se recibieron, ya sean quejas o denuncias que se remiten directamente a la inspección o las que se presentan en el libro de reclamaciones del propio centro", comentan desde la Xunta.


En este sentido, el libro de reclamaciones fue otro de los asuntos que despertó polémica entre los familiares de los residentes de los centros DomusVi, ya que, según la denuncia de un particular, hay centros DomusVi que no cuentan con libros de reclamaciones propios, sino que mantienen los heredados de la época de SARquavitae, empresa de la que surgió DomusVi después de la fusión de esta con Geriatros, por entonces los dos mayores operadores nacionales.


¿CUÁL ES EL RÉGIMEN DE SANCIONES?

Aunque desde la empresa subrayan que las inspecciones se superaron de forma positiva -algo que no confirma la Xunta-, en caso contrario la compañía podría ser sancionada según las disposiciones establecidas en el título IX de la Ley 13/2008, con multas que van de los 1.000 a los 3.000 euros en caso de las infracciones leves y de los 3.001 euros a los 15.000 en caso de las graves.


Sanciones consideradas muy graves como "proporcionar a las personas usuarias tratos degradantes, discriminatorios o incompatibles con su dignidad" o "reincidir en la comisión de infracciones graves" podrían significar multas de hasta 60.000 euros y prohibiciones que pueden ir desde el acceso a la financiación pública hasta el cese definitivo del servicio o cierre del centro, ya sea total o parcial. 

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