El Ministerio espera que los sindicatos reconsideren su decisión y participen en el diálogo.
CIG-Ensino anunció ayer en solitario la convocatoria de una huelga de profesores para el día 25 de septiembre. Sin respuesta afirmativa o negativa de CSIF y STEG, los sindicatos que habían participado junto al sindicato nacionalista en los paros del curso 23/24, la llamada de la CIG llega en un momento en el que no existe unidad sindical, toda vez que estas tres centrales están "enfrentadas" con CC.OO., UGT y Anpe, sindicatos firmantes del considerado "acuerdo de la vergüenza" con la Consellería de Educación, que acusa a la CIG de ser la única con la que no han llegado a acuerdos en los últimos años.
Laura Arroxo, secretaria nacional de CIG-Ensino, atiende a Galiciapress para profundizar en la denuncia hecha por el sindicato sobre los tijeretazos que está acometiendo la Xunta sobre la educación pública, con medidas que afectan especialmente a los alumnos con necesidades especiales y multiplican la "itinerancia" de los docentes.
El 95% de los docentes consultados apoya arrancar el curso con protestas, mientras que casi tres de cada cuatro es favorable a una huelga indefinida.
El sindicato CSIF Ensino exige a la Consellería de Educación medidas inmediatas ante las palabras del subdirector xeral de Inspección Educativa, Enrique Prado, que han generado indignación entre los docentes.
La falta de personal en las oficinas de Extranjería y los Puestos de Control Fronterizo desata una nueva protesta convocada por CSIF para el 26 de junio en Vigo, en un contexto de retrasos y sobrecarga laboral.
La central sindical alerta que la seguridad en las cárceles se ha deteriorado gravemente y reclama el reconocimiento a los funcionarios de prisiones como profesión de riesgo
CSIF anuncia movilizaciones si la alcaldía no actúa para poner fin a un conflicto que ha destapado un "ambiente laboral insostenible".
La propuesta del Ministerio de Justicia de transformar juzgados de instrucción en Vigo y A Coruña genera un rechazo unánime entre sindicatos, magistrados y la Xunta, que exigen más recursos sin desmantelar los existentes.
La central sindical hará el registro este lunes
La CIG señala que Adeslas introdujo ese cambio después de lograr que Muface aumentara el concierto para los próximos años, tras amenazar las aseguradoras con dejar sin cobertura a los funcionarios
El sindicato CSIF reclama a la Consellería de Sanidade condiciones equitativas para todos los profesionales en el próximo concurso de traslados, evitando discriminaciones por fechas de incorporación.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha movilizado al funcionariado nacional con distintas protestas por todo el país.
El sindicato CSIF anuncia concentraciones a las 12 de la mañana en todas las subdelegaciones de Gobierno y en Madrid, a las 11.00 horas en Nuevos Ministerios.
El sindicato pide que se destinen a este partido judicial parte de las 22 plazas comprometidas en la primera fase de implantación de la NUMO.
El asesinato de Núria, una trabajadora penitenciaria del Centro Penitenciario de Mas d’Enric (Tarragona), del que está a punto de cumplirse un año, puso de relieve las deficiencias en seguridad en las cárceles catalanas y llevó a la Conselleria de Justícia a tomar medidas, como restringir el acceso de los internos más peligrosos a zonas de alto riesgo, como las cocinas. Según CSIF, esta fue la "única decisión coherente" tomada por el conseller Espadaler en esos meses
Más de 63.000 funcionarios públicos están llamados a parar este jueves en Galicia y más de medio millón en el conjunto de España. El sindicato CSIF aplaude que el Gobierno haya subido el presupuesto pero entiende que el modelo de MUFACE sigue en peligro. Es más, ha llevado a las aseguradoras a las tribunales pues, alega, han suspendido los tratamientos y las citas a miles de funcionarios.
La central sindical ha convocado una huelga para el jueves 13 de febrero
"Vamos a parar la Administración del Estado", amenazan desde el sindicato.
El sindicato CSIF alerta de que la Xunta podría enfrentarse a miles de demandas similares una vez concluyan los procesos de funcionarización previstos en la Ley 20/2021. Esta advertencia surge tras una sentencia que obliga a la Xunta a abonar a un bombero forestal, quien ingresó como funcionario tras aprobar una oposición en 2023, los trienios consolidados como trabajador temporal en la misma cuantía.