La Xunta no participará en una comisión con la Diputación de A Coruña, que tiene documentada su "fuerte implicación" en el expolio del inmueble.
Un grupo de militantes ha entrado en la Casa Cornide, en A Coruña, como hicieron hace unas semanas en el Pazo de Meirás.
La líder del Bloque tacha de "indecencia" que Rajoy no gaste "ni un euro" en la memoria "mientras Feijóo dona 53.000 a los Franco".
Pedro Puy critica que la actitud de los herederos de Franco y de la fundación, haciendo "exhibición" de la propiedad, "no favorecen la convivencia".
Los herederos del dictador vuelven a usar la prensa rosa para hacer "alarde de una impunidad tolerada por el Gobierno", como denuncia el PSdeG.
Y sobre todo de esa familia Franco, un sucedáneo a la española de la Familia Adams, que con políticos como los que tenemos son capaces de seguir riéndose de todos nosotros cuarenta y dos años después de la muerte del propietario de la finca.
El BNG reclama que el Parlamento y la Xunta tomen posición en torno al conflicto con Meirás, como hizo el sábado el Concello de Sada.
Un pleno abarrotado demanda también que el Concello gestione las visitas y nombra "no grata" a la familia del dictador.
Román Rodríguez sostiene que el Ejecutivo "no tiene competencias" para hacer más que "cualquier ciudadano".
"Un hecho así no ocurrre en ningún país que haya puesto fin a una dictadura como la que aquí se vivió", recuerda Goretti Sanmartín.
El alcalde envió una carta a la Xunta en ese sentido, que apoya Sadamaioría. En Marea y BNG buscan la devolución del inmueble.
El dictador mantuvo durante sesenta años la distinción provincial, la última que le quedaba en Galicia.
La familia del dictador incumple habitualmente sus obligaciones de abrir al público el inmueble situado en Sada, expoliado y regalado a Franco.
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica convoca un grupo de trabajo que documente su expolio y relance la demanda social.
En los últimos tres años, el mausoleo franquista acumula un déficit de 2,5 millones.
El texto reclama ampliar la ley vigente, impulsar una Comisión de la Verdad y estudiar la nulidad de condenas políticas de la dictadura.
Rueda niega trato de favor y defiende, frente a las críticas de la oposición, que el Gobierno gallego actúa "con total objetividad".
La antigua residencia veraniega del dictador, que todavía pertenece a la familia de Franco, debe permitir visitas pero siempre tiene "el cupo agotado".
Reclama una Comisión de la Verdad, anular condenas de tribunales penales a los antifranquistas y llevar la Memoria Histórica a las aulas.