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Más de dos años después de las últimas Elecciones Generales, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin aprobar unas nuevas cuentas. Los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE) datan de 2023 y tanto la oposición como los socios urgen al Ejecutivo a sentarse a negociar para poner en negro sobre blanco las prioridades del Gobierno central.

Este mecanismo, que regirá los próximos tres años, permite limitar los precios de los alquileres.

Los campamentos, costeados con fondos públicos, contravienen las recomendaciones pediátricas sobre el uso de nuevas tecnologías.

El ministro de Justicia mantiene el pulso con las asociaciones de jueces y fiscales que, a principios de mes, convocaron diferentes protestas y jornadas de huelga contra las reformas que propone Félix Bolaños. Desde el Ministerio, sin embargo, siguen firmes en su propósito de que la UCO pase a depender de la Fiscalía a partir de 2028, entre otras medidas.

Carlos Lage, de la comisaría de Ferrol, es el nuevo líder del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia, asumiendo la dirección que deja Roberto González después de una década al frente. Lage atiende a Galiciapress para poner sobre la mesa la necesidad de ser declarados profesión de riesgo, llave para tener una mejor jubilación, dos aspectos que hoy están lejos por la ausencia de diálogo con el Gobierno central.

La gallega, expresidenta de Adif, sigue bajo la lupa de los investigadores, que la consideran un elemento clave en la trama corrupta.

La mayoría progresista del TC ha dado su consideración positiva a la amnistía con un resultado de seis votos a favor por cuatro en contra. Este resultaba un paso crucial para reforzar el texto pactado entre el PSOE con los grupos independentistas que permitió la investidura de Pedro Sánchez y la formación de Gobierno.

El sindicato entiende que las medidas del Gobierno no garantizan la continuidad de los empleos y de las condiciones laborales a medio plazo.

La cumbre tiene como objetivo pactar cuál será el gasto en Defensa, que el mandatario estadounidense exige elevar para los socios del Tratado del Atlántico Norte. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice estar convencido de que los 32 estados miembros acordarán destinar el 5% de su PIB a Defensa, algo a lo que España y otros países son reacios.

El juez José Luis Deaño, miembro de la Sala de Gobierno del TSXG desde 2019, es el presidente en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura, uno de los colectivos que han convocado la huelga de jueces y fiscales para los días 1, 2 y 3 de julio en contra de las medidas que impulsa el Gobierno de España para, entre otras cosas, reformar la carrera judicial y la carrera fiscal. El magistrado atiende a Galiciapress para desgranar los motivos de esta convocatoria, el impacto de las medidas que propone el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y las consecuencias derivadas de congelar los juzgados durante tres días.

Se reserva la potestad de aumentar el periodo de separación hasta cinco años en esta operación que implica a 180 oficinas en Galicia.

El magistrado sugiere también al TS la idoneidad de efectuar un registro en La Moncloa.

El exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat de Catalunya ha acudido el encuentro con el presidente del Gobierno de España, marcado por los escándalos de corrupción que hoy salpican al PSOE y al porpio Ejecutivo después de los registros de la Guardia Civil en Ferraz, Adif o el Ministerio de Transportes.

El juez busca información en los correos corporativos de los dos exaltos cargos socialistas.

El ministro se comprometió en enero de 2024 a un encuentro con los profesionales del turno de oficio que todavía no ha mantenido. El Sindicato Venia censura que mientras los huelguistas del TO reciben sanciones, abogados y procuradores defienden el derecho de jueces y fiscales a ir a la huelga.

Las distintas salidas que ofrece la Constitución en su artículo 14, cuestión de confianza o moción de censura, no le interesan ni al propio presidente, que tiene la potestad de presentarla en el primer caso, pero tampoco les sirve a los conservadores, en el segundo caso, ya que no le dan los números, que sería la falta de cuatro diputados para que los populares pudieran presentar la moción de censura.  Las listas abiertas y la limitación de mandatos, serían entre otras alternativas, una posible solución para reducir, que no eliminar, los casos de corrupción y tráfico de influencias, que se cronifican, al perpetuarse los políticos en los aparatos de los partidos.  Por lo tanto habría que modificar el artículo 99 de la Constitución, y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

El proyecto, considerado como estratégico por la Comisión Europea, cuenta con el visto bueno del Gobierno de España.

Noa Presas acota el apoyo al PSOE a "un acuerdo de investidura" que los socialistas todavía deben cumplir.

La investigación trata de esclarecer quién era la persona que "estaría interesado en hacerse cargo de "90 inmuebles". 

El 'Caso Koldo' ha debilitado todavía más a un Gobierno de España que necesita de una unidad parlamentaria férrea, vistos los difíciles equilibrios con los que tiene que lidiar al depender de fuerzas como Junts, EH Bildu, ERC, PNV o BNG. No obstante, en estos momentos parece poco probable que se resquebrajen las alianzas.