El importe de las adjudicaciones, una media de 13.000 euros de media, y el hecho de que las adjudicaciones no se publicasen en el DOG apunta a que fueron contratos menores. Son vías de contratación plenamente legales pero que, en la práctica, permiten la adjudicación sin concurso ni competencia, a dedo.
El presidente de la Xunta asegura que no existen irregularidades en los contratos del Gobierno gallego con Equipo Económico.
Si en abril se sigue sin aprobar las cuentas, Montoro llevará al Congreso decretos ley para modificarlas.
Este año, la Administración gallega puede pedir hasta 1.400 millones en "condiciones ventajosas". Otros años apenas recurrió a él.
El alcalde de Vigo abronca a Montoro por su trato a los municipios: "Ellos no cumplen y encima nos riñen".
Caballero dvierte de que convocará "una gran reunión de alcaldes" si el ministerio no atiende primero a los entes locales.
En el debate de la financiación autonómica, Feijóo subraya siempre que espera un premio para Galicia por ser 'cumplidora'.
El Gobierno prevé aprobar las cuentas antes del 31 de marzo. Rajoy se retracta de sus palabras sobre la brecha salarial.
"No podemos interpretarlo de otra manera que como un chantaje, una presión intolerable que no podemos permitir", reprenden.
La oposición le reprocha falta contundencia en materia de finanaciación autonómica. Villares censura que solo vaya a "recibir instrucciones".
El PSdeG exige a la Xunta que reclame esos ingresos que corresponden a impuestos recaudados por la Comunidad.
El presidente alude a la pérdida de 77.000 habitantes como una de las razones de Montoro para no conceder "más recursos".
El Gobierno amplía el plazo a petición de varias autonomías. El 1 de enero tiene que entrar en vigor el nuevo sistema.
El alcalde de A Coruña dice que la decisión de Montoro demuestra "la irracionalidad de la normativa de Haciendas Locales".
La vicepresidenta avisa que Puigdemont está ante "la oportunidad más importante" para volver a la legalidad.
El Gobierno asumirá el pago de nóminas, Educación, Sanidad y los servicios sociales, pero "no afecta" a las competencias de la Generalitat.
El Gobierno catalán avisa de que no cumplirá con la obligación enviar los informes semanales, que "suponen un control político".
Montoro asegura que Junqueras certifica cada semana que el Gobierno catalán no desvía presupuesto al referéndum del 1-O.
Montoro relaja una décima en 2018 y 2019 la exigencia. "Una décima son 60 millones de euros" para Galicia, dice el conselleiro.
El partido naranja dice que serán unos 2.000 millones y que afectará a las rentas más bajas, sin concretar donde se aplicará la rebaja.