¿Es necesario algún cambio legal para combatir la prostitución? ¿Ilegalización o regulación del sector? Lo que está claro que las normas actuales ayudan a que España sea uno de los prostíbulos de Europa. Así lo revelan las encuestas y así lo admite la propia Guardia Civil.
Con la gran rapidez, astucia y resolución que ha anunciado la brillante medida, se supone que ha tenido tiempo de pensar en la alternativa al cierre que le van a dar a estas mujeres, que trabajan -la mayoría de ellas- por obligación.
Peligrosos antes, durante y después de la pandemia, los prostíbulos y locales de alterne son ahora un potencial foco de contagio de la enfermedad. La Ministra de Igualdad, Irene Montero, solicitó ayer por carta a las comunidades autónomas el cierre de estos locales, una medida que ya han adoptado los gobiernos manchegos y catalanes.
Según Naciones Unidas, el 39% de los varones españoles han pagado dinero en alguna ocasión a cambio de mantener relaciones sexuales.
El dueño del presunto prostíbulo solo había dado de alta en la Seguridad Social a 13 de los más de 40 empleados, según la fiscalía, pero el juicio sigue sin celebrarse por diversos aplazamientos, el último causado por la ausencia de un funcionario
El otrora poderoso Miramontes -quien se paseaba en yate con Rajoy, Louzán y otros mandatarios del PPdeG- sigue en prisión y guarda silencio.
Es posible que haya menores entre las víctimas de la trama de tráfico de mujeres que financiaba presuntamente Miramontes (ex-líder de Xóvenes Agricultores y acompañante de Rajoy en sus vacaciones en Sanxenxo). Feijóo desvincula las subvenciones que recibió Xóvenes del escándalo.
Mariano Rajoy era uno de los que solía visitar el yate de Juan Pérez Miramontes, por entonces presidente de Xóvenes Agricultores, antes de caer en desgracia. Y es que Xóvenes fue durante décadas el sindicato agrario vinculado al PPdeG. Miramontes fue detenido ayer en una operación contra la trata de mujeres.
Les ofrecían un trabajo pero al cruzar el Atlántico acababan en manos de una mafia que las movía constantemente
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará este martes a un agente de la Guardia Civil acusado de "abusar de su función" para mantener relaciones sexuales con una prostituta a la que asistió como víctima de violencia de género. El agente ofreció pagarle el alquiler y al preguntarle ella por el dinero ofrecido "le dijo que no había sido lo que esperaba y le tiró unas monedas con gesto despectivo".